La CEL insta al Gobierno de Canarias a inspeccionar la oferta alojativa de viviendas vacacionales con las exigencias de su propio reglamento.

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Considera que el importante impacto económico de este segmento de la oferta alojativa debe contribuir también al sostenimiento de los servicios públicos con su aportación fiscal.

La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) insta al Gobierno de Canarias a regularizar la situación de las viviendas vacacionales de acuerdo con la normativa vigente y que no “renuncie a los derechos que tienen todos los canarios a financiar los servicios públicos con la imposición correspondiente a los actividades que se desarrollan en el archipiélago”.

Para la CEL, no tiene sentido que teniendo aprobado un reglamento desde el 22 de mayo del pasado año, el decreto 113/2015, “no se actúe de acuerdo con el mismo para sancionar aquellas actividades que se desarrollen fuera de este ordenamiento por no registrarse adecuadamente o por incumplir el mismo”.

Con los informes elaborados por la propia Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias se sabe que en Canarias hay más de 28.000 viviendas para el alquiler( de las cuales se han regularizado alrededor de 1.800 vvdas), con una media de 4,32 camas por vivienda, lo que representa el 22,34% del total de camas turísticas que se ofertan en Canarias y que ha tenido un impacto económico general en 2015 de 528 millones de euros.

Con estos datos, para la CEL, se demuestra tanto la importancia de este segmento de la oferta alojativa como “la imperiosa necesidad de actuar a través de los servicios de inspección turística para detectar las irregularidades que ponen en riesgo tanto la calidad como la seguridad de la estancia del visitante como la correspondiente aportación al erario público por el impago de las obligaciones fiscales que la propia actividad acarrea”

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