La Confederación Empresarial de Lanzarote no entiende que esta isla sea «la única del archipiélago donde se introduce una restricción de derechos que no se contiene en la legislación autonómica de aguas»
La Confederación Empresarial de Lanzarote denuncia «la discriminación a la que se somete a Lanzarote al impedir el autoconsumo» en las Normas Sustantivas Transitorias de Planificación Hidrológica de la Demarcación Hidrológica de Lanzarote, promovidas por el Consejo Insular de Aguas y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. La CEL «no encuentra justificación para que Lanzarote tenga una ordenación hidrológica distinta, que atenta contra los principios europeos y las normativas española y canaria y que afecta a la competitividad de las empresas e impide el desarrollo de sectores como el primario donde el acceso a agua barata es fundamental».
La CEL «comparte totalmente» la impugnación iniciada por Asolan de la mencionada normativa y coincide en su argumentación de que «no solamente se introduce una regulación más restrictiva de los derechos adquiridos sino que, vía reglamentaria y sin indemnización ni audiencia al afectado ni, tampoco, justificación de causa de utilidad pública, supone, de facto, dejar sin contenido patrimonial unas instalaciones privadas que, en muchos casos, ni siquiera habrán sido amortizadas y en su momento fueron y siguen siendo necesarias para el correcto funcionamiento de los establecimientos”. Además, amplia al resto de los sectores económicos de la isla «los beneficios de disponer de la capacidad de producción de agua para su autoconsumo a la vez que significa una garantía para la propia sostenibilidad de la isla en esta materia». Para la CEL, la regulación que apunta esta normativa «deja a Lanzarote en un marco inferior en sus objetivos de competitividad frente a las empresas del resto de las islas y las somete a un monopolio insular que, a lo largo de estos años atrás ha dado ejemplo de todo menos de actuar con eficiencia y garantías».
La Confederación Empresarial de Lanzarote rechaza «de plano» la aprobación de normativas que signifiquen «un retroceso en la capacidad del sector privado de mejorar su competitividad y capacidad de creación de empleo» y no entiende «la necesidad que se tiene de convertir cualquier proceso en un conflicto judicial por ningunear las leyes de rango superior y los legítimos intereses de terceros».
